La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciará la firma de un proyecto de ley que se enviará al Congreso por el cual se elimina el sistema privado de jubilaciones, también conocido como de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión).La iniciativa significa que todos los jubilados y afiliados de las AFJP, que suman 9,5 millones de personas, pasarán obligatoriamente al sistema público o de reparto. El traspaso incluirá la transferencia al Estado de los fondos acumulados por los afiliados en sus cuentas personales y que fueron invertidos por las AFJP: suman alrededor de $ 97.000 millones.
Además, una vez aprobada la reforma, los aportes de esos afiliados -que hoy suman algo más de $ 1.000 millones mensuales- serán recaudados por la ANSeS.
Anualizados, estos ingresos representan unos $ 15.000 millones, incluyendo el aporte sobre el aguinaldo. A cambio de esto, el Estado reconocerá a los afiliados los años que aportaron a las AFJP como si los hubiesen efectuado al régimen público. Así, al momento de jubilarse, el trabajador cobrará su haber como si todos los años aportados hubieran sido hechos a la ANSeS. Esto significa en términos jubilatorios el derecho a cobrar la Prestación Básica Universal (hoy de $ 326) más el 1,5% del sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años por cada año aportado al Estado o a la AFJP.
A los 450 mil trabajadores ya jubilados a través del sistema privado y que están cobrando un haber mensual a través de una administradora, el Estado les reconocerá la mejor renta que hayan cobrado durante el año, para limitar así las pérdidas de los últimos meses ocasionadas por la crisis financiera.
Para justificar la medida, el Gobierno argumenta que hay una situación muy complicada por la caída de la rentabilidad de las inversiones de las AFJP, debido a la crisis internacional y al impacto local sobre el precio de las acciones y bonos que forman parte de la cartera de las administradoras. Frente a esto, los fondos de los afiliados al sistema privado han tenido una desvalorización importante y podrían seguir cayendo todavía más por la volatilidad financiera existente. Y sostiene que quienes ya se jubilaron por el sistema privado o están próximos a hacerlo están cobrando haberes muy bajos o que van a percibir en el futuro ingresos muy inferiores a los que puede ofrecerles el sistema público de jubilación. A esto se agrega que las cuentas públicas recibirán una importante inyección de fondos. Primero, el stock cercano a los $ 97.000 millones que serán transferidos desde las AFJP al Estado. Y luego en forma permanente los aportes obligatorios de los fondos de los afiliados privados transferidos y que suman los $ 15.000 millones anuales.
Sólo falta resolver si se permitirá que las administradoras privadas puedan seguir funcionando o no como entidades que puedan captar ahorros voluntarios de los trabajadaores que quieran seguir contribuyendo a una cuenta personal por encima del aporte obligatorio al sistema previsional. La definición oficial es que "a lo sumo" las AFJP podrían ser "un pilar voluntario de ahorro individual", porque son "conceptualmente inadecuadas" para actuar como parte de un sistema de seguridad social. ANSeS y otros organismos públicos le ofrecerán empleo al personal administrativo, de las áreas financieras y técnicas de las AFJP que quedará sin trabajo por la medida oficial.
El calendario que maneja el Gobierno es enviar cuanto antes el proyecto de ley al Congreso para su tratamiento. Y estima que, a más tardar, a partir de enero de 2009 todos los jubilados y trabajadores y autónomos activos ya podrán pertenecer al régimen previsional estatal único.
El sistema de las AFJP nació en 1994 como parte de las políticas de Reforma del Estado y las privatizaciones impulsadas por el gobierno del entonces presidente Carlos Menem. El sistema siguió un esquema similar al chileno, que luego se expandió por gran parte de América latina.
Fuente: Clarín
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